El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en censura institucional y limitar la crítica política contra el partido en el gobierno, luego de que el órgano arbitral ordenó retirar mensajes emitidos en redes sociales.
El pronunciamiento del líder opositor surge tras la aprobación unánime de un acuerdo administrativo por parte de la autoridad electoral, mediante el cual se le prohibió calificar a Morena con el término «narcopartido» y se ordenó la remoción de contenidos digitales donde empleaba dicha denominación.
Ante esta determinación, Moreno Cárdenas sostuvo que la resolución convierte a la institución electoral en un escudo protector del oficialismo y restringe la libre deliberación pública en un contexto marcado por la violencia y la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país.
Asimismo, el dirigente priista argumentó que la dirigencia del tricolor ha documentado y presentado denuncias formales desde el año 2021 sobre la presunta injerencia de cárteles en procesos electorales, por lo que criticó que la autoridad se enfoque en fiscalizar el discurso opositor en lugar de sancionar dicha interferencia.
Impugnación e instancias internacionales
Frente a la medida cautelar, el presidente del PRI confirmó que el partido interpondrá un recurso de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales del país para revertir la sanción, argumentando que la libertad de expresión no debe quedar sujeta a restricciones administrativas.
Adicionalmente, anunció que el instituto político elevará la queja ante organismos internacionales de derechos humanos con el propósito de visibilizar la utilización de las estructuras institucionales para restringir el debate político y la fiscalización al partido en el poder.
El diferendo reabre la discusión jurídica sobre el alcance de las atribuciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para delimitar el lenguaje utilizado por los líderes partidistas, materia que deberá ser resuelta en última instancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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