Las escuelas de tiempo iniciaron con el ciclo escolar 2007-2008, “a fin de contribuir a mejorar el aprendizaje del alumnado de educación básica”, de acuerdo con información oficial, mediante la ampliación del horario escolar a una jornada de hasta 8 horas, con desayuno y comida incluídos.
Al iniciar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) se incorporaron 500 escuelas en 15 Entidades Federativas, y para el ciclo 2012-2013, se contaba con 6 mil 715 Escuelas de Tiempo Completo en las 32 Entidades del país. Hasta 2019 había 27 mil planteles con esta modalidad de horario extendido.
Desde ese año, el primero de la actual administración, el programa tuvo un recorte presupuestal sin precedentes, pues para 2019 se asignaron 10 mil 190 millones de pesos para operación, mil millones menos con respecto al año anterior cuando tuvo 11 mil 243 millones de pesos.
Desde entonces, el PETC fue sufriendo recortes presupuestales, hasta que ahora, la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó al 100 por ciento el recurso asignado a este fin, con lo que 3.6 millones de niñas y niños de educación básica de México perderán este derecho.
Tan sólo durante 2020, el año más duro de la pandemia por covid19, al menos 2.5 millones de estudiantes de educación básica (de preescolar a bachillerato) habían abandonado sus estudios por la crisis derivada del contexto global, de acuerdo con información de la plataforma Statista.
Ahora, se prevé que para el próximo ciclo escolar, esta cifra se incremente de forma exponencial por la decisión del Gobierno de eliminar el Programa.
Este programa contemplaba hasta tres horas y media de clases extracurriculares, como música, arte, deporte o lenguas extranjeras, —sobre todo inglés—, para estudiantes de entre cinco y 14 años en zonas de alta marginación.
En 2019 la UNICEF constató que para el 11 por ciento de las y los alumnos beneficiados por el programa, los alimentos brindados en la Institución Educativa eran su única comida del día.
De las 27,000 escuelas que participaban el 70 por ciento eran indígenas y/o rurales, y el 55 por ciento de los menores beneficiados estaban por debajo de la línea de pobreza.
De hecho, estos alimentos estaban pensados para promover el mejoramiento del estado nutricional de las y los estudiantes, y prevenir problemas de salud como desnutrición, sobrepeso u obesidad.
Para la UNESCO, las Escuelas de Tiempo Completo representaban nuevas condiciones para garantizar el derecho de la niñez a recibir aprendizajes útiles en ambientes saludables, equitativos y de calidad.
En 2010, el Organismo de la ONU consideraba que al ampliar la jornada escolar, el profesorado disponía de mayor tiempo para consolidar aprendizajes de lectoescritura y expresión oral, análisis y sentido crítico para el razonamiento científico, y el pensamiento matemático.
Prácticas en tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para el aprendizaje; enseñanza de una segunda lengua; acercamientos al arte y la cultura para el desarrollo de su sensibilidad y sentidos; hábitos para una vida saludable y actividades que para la formación de prácticas de nutrición e higiene.
En Latinoamérica, Chile, Argentina, Uruguay, e incluso Venezuela, operan programas de jornada escolar ampliada, con el mismo objetivo de ofrecer oportunidades a la población en precariedad, y con ello elevar la calidad educativa.
Para México, esta determinación unilateral implica más que sólo números y estadísticas; impacta directamente en la vida y el futuro de millones de niñas, niños y jóvenes, sin contar los riesgos a los que se verán expuestos.
Especialistas de Save The Children, REDIM y UNICEF han coincidido en que esto también abre la puerta a que, especialmente las niñas, sean víctimas fáciles de abuso sexual, violencia, embarazos tempranos y abandono escolar.
La UNICEF reveló en noviembre de 2020, un estudio a la Cámara de Diputados y al Gobierno federal, en el que explica que los recortes presupuestales afectaban a más de 16 millones de niños y niñas tenían un alto costo para sus derechos, pero también un costo de productividad para el país; señaló Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, en una entrevista para El Sol de México.
De acuerdo con la SEP, esto se decidió para destinar los recursos a la mejora de la infraestructura de los planteles educativos, a fin de, según ellos, “garantizar un regreso seguro a las aulas”, luego de la pandemia de COVID-19. Regreso que ya comenzó, sin mejoras estructurales.
A pesar de esta decisión de la dependencia federal que encabeza Delfina Gómez Álvarez, entidades como Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán, informaron que mantendrán el Programa de forma estatal; es decir 12 de las 31 Entidades del país.
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