La mandataria mexicana vinculó el proceso legal contra el exlíder cubano con una práctica de intervención de Washington en Latinoamérica, al tiempo que ratificó al secretario Markwayne Mullin la prohibición de operativos tácticos binacionales.
El secretario de Estado evitó revelar las tácticas para arrestar al exmandatario de Cuba tras ser procesado por el derribo de aeronaves en 1996, un caso que La Habana califica como un argumento para una agresión militar.
El expediente judicial de la fiscalía de Florida involucra al expresidente cubano y a otros cinco colaboradores por ordenar el ataque militar contra dos naves de asistencia humanitaria en aguas internacionales en 1996.