El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció este miércoles que el expresidente cubano Raúl Castro fue acusado formalmente de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves. El proceso penal se deriva de la muerte de cuatro aviadores pertenecientes a la organización civil Hermanos al Rescate, ocurrida durante un incidente aéreo registrado en el año 1996.
La acusación fue dictada originalmente por un gran jurado en el distrito de Miami el pasado 23 de abril de 2026, pero las autoridades norteamericanas mantuvieron el expediente bajo reserva hasta este 20 de mayo, según detalló el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, durante una conferencia de prensa celebrada en la Torre de la Libertad en Miami.
Implicados y penalidades contempladas
El pliego de cargos presentado ante la corte federal del Distrito Sur de Florida incluye a otras cinco personas vinculadas con la presunta comisión de estos delitos: Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
De acuerdo con el marco jurídico estadounidense, en caso de ser declarado culpable por los cargos de asesinato y conspiración, Raúl Castro podría enfrentar la pena de muerte o la cadena perpetua. Adicionalmente, el expediente contempla una sanción de cinco años de prisión por la destrucción de cada una de las estructuras aéreas.
Antecedentes y operaciones de inteligencia
El recuento de los hechos oficiales indica que el 24 de febrero de 1996 dos aviones civiles operados por Hermanos al Rescate fueron derribados en aguas internacionales por aeronaves militares cubanas. Las víctimas del ataque fueron identificadas como Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos cubano-estadounidenses y uno con residencia legal en Estados Unidos, quienes realizaban labores humanitarias de búsqueda para personas que salían de Cuba.
Los registros judiciales exponen que, durante la década de los 90, los servicios de inteligencia de Cuba se infiltraron en la organización civil para transferir información operativa al régimen isleño. Asimismo, las investigaciones asentaron que en las semanas previas al derribo, los pilotos de las fuerzas armadas cubanas ejecutaron entrenamientos especializados para interceptar aeronaves civiles de dimensiones pequeñas.
Postura de la fiscalía estadounidense
La acusación formal señala de manera directa a Castro por haber ordenado el ataque en su calidad de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, cargo que ocupó antes de asumir la presidencia del país en el año 2008.
«Estados Unidos y el presidente Donald Trump no olvida y no olvidará a sus ciudadanos», declaró el fiscal Todd Blanche durante la presentación del caso.
Por su parte, Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, enfatizó el desahogo de las demandas judiciales de las víctimas tras tres décadas del suceso.
«Durante 30 años, las familias de estos hombres han esperado. La comunidad de Miami ha esperado. Nuestro país ha esperado. Hoy damos un paso hacia la rendición de cuentas», manifestó Reding Quiñones.
Raúl Castro, quien cedió la jefatura de Estado en 2018 tras suceder a su hermano Fidel Castro, no ocupa puestos ejecutivos formalmente, pero las áreas de inteligencia exterior lo ubican como una figura con influencia vigente en el aparato político de la isla.
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