El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este jueves al expresidente cubano Raúl Castro como un «fugitivo» de la Justicia estadounidense, tras la presentación de cargos penales en su contra por el derribo de dos aeronaves civiles en 1996. El jefe de la diplomacia norteamericana hizo estas declaraciones a la prensa en la ciudad de Miami, antes de emprender una gira de trabajo oficial hacia Suecia e India.
La postura del funcionario federal ocurre un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) hiciera pública una acusación formal de asesinato contra Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización civil Hermanos al Rescate, ocurrida cuando se desempeñaba como ministro de Defensa de la isla.
Declaraciones sobre estrategias de captura
Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre las acciones operativas que implementará el gobierno estadounidense para ejecutar la detención del exmandatario caribeño, de 94 años de edad, Rubio rechazó profundizar en los detalles logísticos.
«No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense, y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes», precisó el secretario de Estado.
El funcionario estadounidense aseguró que los elementos probatorios integrados en el expediente judicial de la fiscalía son determinantes. Según su argumentación, existen registros donde el procesado “admite abiertamente y presume que derribó a civiles y que dio la orden de derribar aviones civiles”.
Pruebas de la fiscalía y contexto regional
La base probatoria que sostiene la investigación penal incluye una grabación magnetofónica fechada en junio de 1996, en la cual Castro habría manifestado ante periodistas locales la autoría de la orden para interceptar y destruir las dos avionetas civiles.
El caso ha generado análisis sobre las posibles medidas de aprehensión que pudiera ejecutar la administración del presidente Donald Trump, tomando como antecedente directo la captura de Nicolás Maduro en Venezuela durante el pasado mes de enero, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por delitos de narcotráfico en territorio estadounidense.
Este requerimiento judicial se inserta en un periodo de incremento en las tensiones bilaterales, caracterizado por el establecimiento de un bloqueo energético hacia la isla y declaraciones previas del ejecutivo estadounidense sobre la posibilidad de asumir el control de la nación caribeña.
Reacción del gobierno de Cuba
Por su parte, el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fijó una postura de rechazo institucional ante el anuncio emitido por las autoridades judiciales de Florida. El mandatario cubano afirmó el miércoles que el proceso penal en contra de Raúl Castro obedece estrictamente a motivos políticos de carácter externo. Asimismo, sostuvo que el expediente carece de sustento jurídico formal y argumentó que la imputación tiene como propósito final estructurar una justificación legal para una eventual intervención militar por parte de los Estados Unidos.
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