La creciente violencia en Sinaloa, exacerbada por la lucha entre grupos criminales por el control del Cártel de Sinaloa, ha llevado a la implementación de 176 medidas de protección en apenas dos meses para periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad. Desde el 9 de septiembre, cuando iniciaron los enfrentamientos entre las facciones de «La Mayiza» y «Los Chapitos», el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha desplegado estas medidas para mitigar los riesgos a los que se enfrentan estos sectores.
Según la titular del organismo, Jenny Bernal Arellano, 133 de estas medidas fueron dirigidas a comunicadores, mientras que 46 se destinaron a activistas, incluidas 16 que cubren a sus familiares. Bernal señaló que, ante el riesgo inminente de ataques, se han llevado a cabo traslados a otras regiones del país para salvaguardar la vida de un periodista y un defensor de derechos humanos, ambos acompañados de sus familias.
La mayoría de las agresiones hacia estos profesionales han sido atribuidas a civiles ligados a grupos del crimen organizado. Sin embargo, Bernal también alertó sobre la implicación de servidores públicos en dos de los casos denunciados, una situación que agrava el panorama de inseguridad para quienes ejercen la labor de informar y defender los derechos humanos en el estado.
Dentro de los incidentes registrados se encuentran 18 amenazas directas, una de obstrucción a la labor de defensa de derechos humanos, un ataque armado contra el medio de comunicación «El Debate», el secuestro de un repartidor de dicho medio, un caso de censura y otro de hostigamiento laboral. Estos datos reflejan la gravedad de las agresiones que se enfrentan en un contexto de violencia que se extiende en todo el estado.
En respuesta a esta crisis, el instituto ha lanzado campañas de capacitación y ha entregado chalecos y calcas imantadas con la identificación de “Prensa” para los representantes de medios de comunicación, buscando reducir los riesgos en coberturas de situaciones de alto riesgo. “Es crucial tomar todas las precauciones posibles. Nos enfrentamos a un contexto de violencia que amenaza la vida y el ejercicio de la libertad de expresión”, declaró Bernal.
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