La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo que obliga al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a revelar íntegramente los contratos de compra de emergencia de potencia en el sistema eléctrico de Baja California correspondientes al año 2022. Esta decisión confirma la resolución previa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que solicitó al Cenace hacer pública esta información, incluyendo los montos de los contratos.
El proyecto original, presentado por la ministra Loretta Ortiz, proponía mantener reservados los montos de los contratos por motivos de seguridad nacional. Se argumentaba que la divulgación de esta información podría propiciar que empresas privadas se coaligaran para obtener beneficios indebidos mediante la manipulación de los precios de venta de energía al Estado, causando un daño al erario.
Sin embargo, con una mayoría de ocho votos en contra del proyecto de la ministra Ortiz, la SCJN confirmó la resolución del INAI. Las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel respaldaron el proyecto original, argumentando que la divulgación de esta información pondría en riesgo la seguridad del sistema eléctrico y podría favorecer prácticas de colusión entre empresas para perjudicar al Estado.
En contraposición, la ministra Margarita Ríos Farjat abogó por la transparencia en las contrataciones públicas y recordó que la tendencia jurídica es que la sociedad tenga claridad sobre el gasto público y los contratos que celebra el gobierno.
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