Bajo el amparo de la opacidad contractual, Daniel Guzmán Calvo ha convertido los servicios de alimentación del Palacio Legislativo en un feudo de impunidad. Sin un título profesional que respalde su gestión y acumulando denuncias por hostigamiento, maltrato verbal y violaciones sistemáticas a la Ley Federal del Trabajo, el directivo enfrenta un sólido expediente de pruebas audiovisuales y documentales promovido por los trabajadores, quienes acusan despidos coercitivos bajo montajes sanitarios y el uso de la fuerza pública para consumar atropellos.