El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México reiteró su llamado para establecer mecanismos de protección dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a consecuencia de accidentes automovilísticos provocados por conductores en estado de ebriedad. El dirigente capitalino de la organización política, Jesús Sesma Suárez, señaló que la atención a este sector de la población constituye una deuda pendiente en materia de justicia para las víctimas indirectas de siniestros viales.
El líder partidista advirtió que conducir bajo los efectos del alcohol permanece como una de las causas principales de decesos en la vía pública, un factor que deja a los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad económica y emocional tras la pérdida de sus padres.
Pensión económica obligatoria y atención médica
Ante este panorama, el dirigente ecologista insistió en la necesidad de impulsar una propuesta legislativa para que los conductores responsables de estos delitos estén obligados por ley a otorgar una pensión económica a las y los hijos afectados. Este mecanismo financiero busca garantizar de manera formal la entrega de recursos económicos destinados a rubros indispensables como la alimentación, la educación y la cobertura de necesidades básicas hasta que concluyan su formación escolar.
De manera complementaria, el proyecto normativo contempla la obligación de brindar servicios de atención psicológica y médica especializada a los menores de edad, con el propósito de mitigar las secuelas derivadas del fallecimiento de sus tutores.
Refuerzo en sanciones y reparación del daño
Sesma Suárez recordó que los percances vehiculares relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas mantienen cifras de incidencia alarmantes en el país, lo que hace indispensable el reforzamiento de las campañas de prevención y el endurecimiento de las penas punitivas para quienes causen la muerte de terceros bajo el influjo de estas sustancias.
El legislador local afirmó que el objetivo central de la iniciativa es priorizar el interés superior de la niñez y asegurar una reparación integral del daño. Concluyó que los procesos de procuración de justicia en la capital no deben limitarse exclusivamente a la imposición de castigos carcelarios o administrativos para los infractores, sino que deben incluir un esquema de respaldo material y efectivo para el desarrollo de las familias afectadas por estas tragedias.
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