El Grupo Parlamentario del PRI anunció su voto en contra del dictamen de reforma a la Ley Federal de Derechos, tras advertir que la iniciativa gubernamental incumple el compromiso de no aumentar las contribuciones y prioriza una política recaudatoria que encarecerá el costo de vida.
Durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, el legislador Christian Castro Bello detalló que la creación de nuevos cobros y la actualización tarifaria trasladarán los costos operativos de la administración pública directamente a las empresas y a los consumidores.
El diputado federal expuso que el documento oficial contempla incrementos del 38 por ciento en los derechos migratorios para visitantes extranjeros, que pasarán de 983 a mil 334 pesos, y del 52 por ciento en los convenios de renuncia para adquisición de inmuebles por foráneos, subiendo de 5 mil 252 a 8 mil pesos.
Impacto a sectores estratégicos
Adicionalmente, la bancada opositora señaló que las modificaciones imponen nuevas obligaciones vinculadas a la Ley de Aguas Nacionales, las cuales incluyen sanciones millonarias que operarán como un mecanismo de recaudación más que como una política pública integral para el cuidado hídrico.
Las afectaciones económicas, según el análisis presentado en tribuna, también abarcarán rubros operativos como los servicios de navegación aérea, medio ambiente y sanidad, áreas donde el incremento en las tarifas repercutirá directamente en las cadenas productivas.
«Cuando al gobierno le faltan recursos, en lugar de corregir sus excesos y mejorar el gasto público o hacer más eficiente la administración, busca la salida más fácil, cobrarle más dinero a la gente», argumentó Castro Bello al criticar el proyecto del bloque mayoritario.
Respaldo a protestas del sector salud
En la fase final de su intervención sobre el dictamen fiscal, el representante legislativo articuló un cambio temático para fijar una postura institucional de respaldo hacia el sector sanitario, exigiendo apertura al diálogo con el gremio.
Desde el pleno, el diputado visibilizó las recientes manifestaciones que mantiene el personal médico en los estados de Hidalgo, Morelos, la Ciudad de México y Jalisco, a quienes se les adeudan garantías de condiciones laborales dignas.
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