El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó este martes un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir una investigación sobre presuntos actos de acoso laboral y despidos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco (CECyTE).
Durante una conferencia de prensa, el diputado federal Erubiel Lorenzo Alonso Que y Marcos Sánchez Cruz, representante del sindicato magisterial, señalaron a la administración del gobernador Javier May de orquestar el desmantelamiento de la organización laboral. Los denunciantes reportaron la destitución de 35 trabajadores de base y 12 de los 14 integrantes del comité ejecutivo.
Conflicto por recursos magisteriales
Sánchez Cruz acusó que la dirección del instituto educativo condiciona la suspensión de procedimientos administrativos a la renuncia sindical de los empleados. Según el dirigente, el objetivo de esta estrategia institucional es que el gobierno estatal tome el control de 70 millones de pesos correspondientes al contrato colectivo de trabajo.
Los señalamientos directos de los inconformes apuntaron contra Guadalupe Arias Acopa, actual director general del subsistema educativo estatal. El líder magisterial recordó que el funcionario cuenta con observaciones previas emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de 14 millones de pesos derivadas de su paso por otra institución.
Alerta por operaciones de Pemex
En la misma comparecencia, Alonso Que emitió una alerta por contingencia sanitaria y ambiental en la zona conurbada de Villahermosa, Centro, Teapa y Jalapa. El legislador atribuyó estas afectaciones directamente a la contaminación, vibraciones y estruendos generados por los quemadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la región.
Como contexto de ambas problemáticas, el diputado federal cuestionó las prioridades políticas de la actual administración local. Alonso Que afirmó que el mandatario estatal ha desatendido sus responsabilidades institucionales para asumir un rol de coordinador de campaña de Andrés López Beltrán.
El documento legislativo promovido en San Lázaro busca que las dependencias federales correspondientes intervengan ante la situación institucional, la cual tiene impacto en los 12 mil alumnos y en la plantilla docente distribuida a lo largo de los 21 planteles de la entidad.
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