El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados denunció que los incrementos propuestos en el dictamen de la Ley Federal de Derechos representan un encarecimiento desmedido en los servicios estatales, el sector salud y la industria turística, cuyos costos terminarán por impactar directamente en la economía de los usuarios.
Durante la discusión del ordenamiento fiscal, el diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández afirmó que las modificaciones planteadas por la mayoría parlamentaria no responden a meras actualizaciones por inflación, sino a aumentos sustanciales en las cuotas que cobra el Estado por trámites, licencias y autorizaciones regulatorias.
En materia sanitaria, la bancada de la oposición precisó que las tarifas aplicadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) registran incrementos significativos. Entre los ajustes destaca un alza superior al 1,000% en el costo de las licencias sanitarias para bancos de sangre, las cuales pasarán de 1,482 a 17,349 pesos, así como un incremento del 427% en los cobros por verificación y protocolos de investigación de medicamentos y dispositivos médicos.
Impacto en la atención médica y movilidad
Asimismo, la iniciativa contempla duplicar las cuotas fijadas para la expedición de licencias destinadas al uso de equipos de rayos X y terapias de radiación en diagnósticos médicos. De acuerdo con el legislador, estos incrementos en la cadena regulatoria sanitaria terminarán trasladándose al precio final de la atención médica y los insumos para los pacientes.
En el rubro de comunicaciones y transportes, la propuesta legislativa incluye un ajuste al alza del 10% en el cobro por el uso del espectro aéreo. Sobre este punto, la representación panista advirtió que dicha carga fiscal se reflejará en un incremento inmediato en las tarifas de los boletos de avión para el consumidor final.
Afectaciones al sector turístico
Por otra parte, la reforma estipula un encarecimiento en la entrada de visitantes extranjeros al país mediante aumentos en las visas de hasta un 153%, además de consolidar un incremento acumulado del 140% en la cuota del Derecho de No Residente (DNR).
El legislador vinculó esta carga tributaria con los indicadores del sector turístico, señalando una caída del 3.2% en el flujo de turistas internacionales registrados en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Finalmente, la bancada de oposición emplazó a destinar la recaudación generada por el Derecho de No Residente a la atención de contingencias ambientales como el sargazo y a la promoción turística, en lugar de transferir dichos fondos a las Fuerzas Armadas.
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