El diputado Ricardo Monreal Ávila, en representación del grupo parlamentario de MORENA, presentará una reserva al dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 para eliminar las limitantes que excluyen a empresas de gran escala de los beneficios de regularización fiscal.
La propuesta modifica el texto del artículo Vigésimo Primero Transitorio, eliminando el tope de 300 millones de pesos de ingresos totales en el ejercicio 2025 que contenía el dictamen original de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Con ello, se faculta a contribuyentes con adeudos derivados de omisión de contribuciones, multas, aprovechamientos y cuotas compensatorias a acogerse al programa sin importar el tamaño de sus ingresos.
Asimismo, la reserva deroga la fracción IV del régimen de exclusión, la cual dejaba fuera explícitamente a aquellas personas físicas y morales sujetas a la jurisdicción de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, la administración y cobro de estos adeudos, ejecutada tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), abarcará a corporativos con adeudos tributarios pendientes.
Alcance del beneficio y restricciones
Pese a la apertura generalizada, el proyecto conserva los candados para contribuyentes señalados en los listados de los artículos 49 Bis, 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, previniendo la incorporación de esquemas vinculados a la emisión de comprobantes fiscales apócrifos o simulación de operaciones. De igual forma, se mantienen excluidos del beneficio los entes públicos dedicados a servicios de educación media superior, superior y salud.
En la exposición de motivos formulada por el legislador, se argumenta la necesidad de «que el estímulo fiscal sea aplicable a la totalidad de los contribuyentes que tengan adeudos fiscales», buscando elevar la recuperación de pasivos contingentes a cargo del fisco. Sin embargo, la propuesta omitió incluir la estimación del impacto en la recaudación federal ni especificó los porcentajes definitivos de condonación a recargos y sanciones.
Implicaciones legislativas y fiscales
La modificación impulsada por la bancada mayoritaria reabre el debate técnico respecto a la equidad tributaria, en contraste con las políticas de fiscalización enfocadas de forma previa en acotar los beneficios a grandes corporativos. Diversos sectores señalan que la renuncia recaudatoria derivada de ampliar el esquema podría afectar la credibilidad tributaria frente a los contribuyentes cumplidos.
El documento, que se encuentra radicado en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, será discutido y votado en lo particular por el Pleno como parte de la discusión del paquete económico. En caso de ser avalado en la Cámara baja, el dictamen modificado será remitido al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación legislativa.
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