El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados votó en contra del dictamen de reformas a la Ley Federal de Derechos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al calificar la propuesta oficialista como una medida estrictamente recaudatoria que afectará la competitividad del país y encarecerá el costo de vida de las familias mexicanas.
Durante la reunión ordinaria de dicho órgano legislativo, el diputado federal Emilio Lara Calderón señaló que el proyecto omite respaldos técnicos sobre sus efectos en la economía nacional. Asimismo, denunció que la mayoría parlamentaria dejó fuera de la discusión las propuestas impulsadas por la bancada priista para destinar recursos a pueblos mineros y comunidades indígenas.
Entre los ajustes fiscales que contempla la iniciativa destaca el incremento al Derecho de No Residente, el cual prevé pasar de 983 a 1,334 pesos por visitante internacional. La representación tricolor advirtió que este ajuste impositivo mermará el flujo de turismo extranjero hacia México, un sector clave para la captación de divisas e inversión.
Adicionalmente, el dictamen propone elevar del 1.25% al 3% la tasa por el uso de vías férreas calculada sobre los ingresos brutos de las empresas operadoras. De acuerdo con el posicionamiento del partido, esta carga fiscal se trasladará de manera directa a los costos del transporte de carga y freight, impactando finalmente en los precios al consumidor.
Lara Calderón recriminó al Ejecutivo federal la ausencia de proyecciones claras sobre la bolsa total que pretende captar con estas modificaciones. Ante los integrantes de la comisión, el legislador exigió transparentar los estudios de impacto económico que sustentan cada ajuste tarifario para descartar afectaciones a la cadena de suministro.
El legislador cuestionó si los recursos adicionales recaudados por estos derechos se integrarán a la bolsa general de infraestructura o si terminarán destinados a financiar los proyectos prioritarios del gobierno federal, en lugar de retornar en servicios e infraestructura técnica para las regiones productivas de la nación.
La posición del tricolor busca frenar la aprobación del dictamen en las etapas subsecuentes del proceso legislativo, condicionado su respaldo a la revisión de las tasas propuestas y a la reinstalación de los fondos de apoyo a zonas de extracción minera e indígenas.
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