El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Turismo que obliga a los prestadores de servicios turísticos a aplicar protocolos preventivos contra la explotación y el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. La medida fue turnada al Ejecutivo para su promulgación.
La modificación añade las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 de dicha ley. Con esta disposición, los establecimientos y prestadores de servicios están obligados a verificar la relación jurídica o la mayoría de edad de las personas adultas que acompañen a un menor antes de proporcionar cualquier servicio, ya sea de forma presencial o por medios electrónicos.
Mecanismos de verificación y denuncias
Para acceder a servicios turísticos —como habitaciones de hotel, moteles o inmuebles en renta—, la persona adulta deberá acreditar con documentos oficiales el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda y custodia, o bien demostrar su mayoría de edad. En caso de que no se acrediten estos supuestos, el prestador del servicio deberá denegar la atención y dar aviso a las autoridades investigadoras ante la posible comisión de un delito.
El presidente de la Comisión de Turismo, el senador Francisco Alejandro Carrillo Flores, explicó que la norma establece dos responsabilidades concretas: la aplicación de protocolos definidos por autoridades competentes y la adopción de medidas de protección previas al servicio.
Posiciones de las bancadas en el Senado
Durante la discusión, la senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) destacó que la reforma impone obligaciones específicas al sector, aunque cuestionó el tiempo de tramitación del dictamen, el cual había sido avalado por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2025. Señaló que organismos como Amnistía Internacional habían advertido riesgos antes del Mundial de Futbol.
Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) afirmó que los trabajadores del sector turístico representarán la primera línea de prevención al identificar situaciones irregulares. En tanto, la senadora Laura Esquivel Torres (PAN) precisó que la medida no pretende identificar perfiles por características físicas, sino confirmar documentalmente el vínculo entre el adulto y el menor de edad.
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