El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador de la República, Alejandro Moreno Cárdenas, confirmó la interposición de formal denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios y excolaboradores del Instituto Nacional Electoral (INE), derivado de presuntas irregularidades administrativas, asignaciones directas de contratos y una supuesta alteración en los principios de imparcialidad institucional durante la gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
En el marco de las actividades legislativas en el Congreso de la Unión, la dirigencia del tricolor exigió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la apertura de investigaciones integrales sobre la red de mandos operativos y consejeros electorales. De acuerdo con el posicionamiento institucional, las acciones legales buscan fiscalizar la adjudicación de contratos públicos e indagar la vulneración a la autonomía funcional del órgano electoral.
Paralelamente, el legislador adelantó que la bancada del PRI no participará ni otorgará su aval al procedimiento de selección para la renovación de la presidencia del Consejo General del instituto en la Cámara de Diputados. Moreno Cárdenas argumentó que la bancada rechazará la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política al considerar que la metodología proyectada busca imponer perfiles afines a la bancada oficialista con miras al proceso electoral federal de 2027.
Cuestionamientos a la política fiscal y al paquete económico
En el ámbito hacendario, la dirigencia priista fijó postura en contra del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. El senador señaló que el saldo de la deuda pública contratada por el Gobierno Federal rebasó los 20 billones de pesos, restringiendo el margen operacional de las finanzas públicas y forzando la aprobación de recortes presupuestales en ramos estratégicos como salud, educación pública, seguridad interior, desarrollo agropecuario e infraestructura vial.
La representación del tricolor acusó la existencia de acuerdos políticos entre las bancadas de Movimiento Ciudadano y el partido oficialista durante la negociación del paquete presupuestal. Según la denuncia formulada por la dirigencia del PRI, dicho entendimiento buscaría frenar las auditorías de cumplimiento financiero iniciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el estado de Nuevo León a cambio del respaldo en las votaciones del pleno parlamentario.
Finalmente, el presidente nacional del PRI ratificó que el partido acudirá a instancias jurisdiccionales e internacionales para presentar denuncias formales ante organismos multilaterales, argumentando violaciones sistemáticas a las libertades fundamentales y a la autonomía de los órganos constitucionales autónomos.
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