La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, acatar el marco legal mexicano en materia de cooperación internacional en seguridad, tras advertir que la proyección de la Academia Internacional de Capacitación Policial carece de las autorizaciones federales correspondientes.
Durante la conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal precisó que el proyecto vulnera lo dispuesto en los artículos 89 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68 al 70 de la Ley de Seguridad Nacional, al no haber sido notificado formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (Ganseg).
La mandataria caracterizó la postura del gobierno federal como un «alertamiento» previo a la entrada en operaciones de la instalación, subrayando que cualquier participación o adiestramiento impartido por agencias estadounidenses en territorio nacional requiere la aprobación previa del Gabinete de Seguridad a través del Ganseg.
En ese contexto, la titular del Ejecutivo invocó los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las disposiciones de la Convención de Viena, los cuales ratifican que las entidades federativas y los municipios carecen de personalidad jurídica internacional para suscribir convenios de seguridad con potencias extranjeras de manera unilateral.
Antecedentes de cooperación bilateral
Sheinbaum Pardo detalló que, entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026, el Ganseg aprobó únicamente nueve proyectos de cooperación entre el estado de Querétaro y agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos —ocho destinados a la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por un monto de 4.6 millones de pesos—, en los cuales no está incluida la citada academia.
Asimismo, aclaró que la recepción de una invitación protocolaria a la SRE para la asistencia del embajador estadounidense a un acto público no constituye un trámite de autorización ni sustituye la dictaminación de procedencia legal que debe emitir la cancillería como órgano regulador de la política exterior.
El diferendo emergió luego de que autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro confirmaran públicamente que el nuevo centro fue concebido para recibir adiestramiento especializado de agencias estadounidenses, lo que activó la revisión por parte de las instancias de seguridad nacional.
Finalmente, la Presidencia de la República reiteró que existe una relación institucional positiva con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, pero enfatizó que el principio de legalidad demanda el estricto apego a los cauces diplomáticos establecidos para cualquier esquema de asistencia internacional.
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