El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una propuesta de ley ambiental alternativa al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). La bancada argumentó que la iniciativa oficial centraliza atribuciones, reduce las facultades de los municipios y exime a las obras públicas estratégicas de presentar evaluaciones de impacto ambiental antes de su ejecución.
Durante la presentación de la propuesta, el diputado Noel Chávez advirtió que la figura de Evaluación Ambiental Estratégica contemplada en la iniciativa gubernamental busca institucionalizar un esquema de exención para los megaproyectos del Estado. De acuerdo con el legislador, este mecanismo formaliza la eliminación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), retirando la obligación técnica que exige a las obras demostrar su viabilidad ecológica y la prevención de daños a los ecosistemas antes de iniciar su construcción.
Por su parte, el coordinador de la bancada, Rubén Moreira Valdez, señaló que la propuesta presidencial resulta centralista al subordinar la gestión ambiental de ayuntamientos y gobiernos estatales sin dotar de recursos operativos adicionales a las instituciones fiscalizadoras. Moreira subrayó que la reforma no asigna incrementos presupuestales a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lo que mermaría su capacidad real de inspección e imposición de sanciones.
Omisiones normativas e impacto presupuestal
El análisis presentado por la fracción incluyó las observaciones del especialista Mauricio Limón Aguirre, quien sostuvo que el proyecto del Ejecutivo incurre en regresiones en materia de derechos humanos y transparencia. Limón puntualizó la ausencia de mecanismos de consulta previa, libre e informada para pueblos originarios y comunidades indígenas, así como la omisión explícita de los estándares de acceso a la información establecidos en el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, el diputado Samuel Palma añadió que la gestión ambiental actual ha privilegiado criterios políticos sobre especificaciones técnicas.
Los integrantes de la bancada confirmaron que entregarán formalmente su proyecto alternativo a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, así como a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, con el objetivo de abrir una mesa de debate técnico. Paralelamente, anunciaron la presentación de un punto de acuerdo para solicitar que se investigue la presunta distribución condicionada de agua potable con fines electorales en el estado de San Luis Potosí.
En el marco del posicionamiento, Moreira Valdez contextualizó la política ambiental dentro de la coyuntura económica nacional, haciendo referencia a los indicadores hacendarios reportados. El coordinador legislativo indicó que el incremento del déficit fiscal al 5.7%, la desaceleración en la generación de empleo formal y el estancamiento en la producción petrolera reflejan presiones estructurales en las finanzas públicas que comprometen la sostenibilidad ambiental e infraestructura del país.
La iniciativa alternativa del PRI será turnada a las comisiones dictaminadoras del Palacio Legislativo de San Lázaro para su análisis. Se prevé que la discusión formal inicie durante las próximas semanas en la Junta de Coordinación Política, donde la oposición buscará integrar las salvaguardas técnicas, la suficiencia presupuestal y los compromisos de tratados internacionales en la versión final de la norma.
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