La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó una propuesta para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual plantea establecer la obligación de someter los grandes proyectos de infraestructura y desarrollo a una evaluación estratégica ambiental de carácter previo a su ejecución.
Durante la presentación del proyecto el 26 de agosto de 2026, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, precisó que el nuevo cuerpo normativo busca migrar de un esquema eminentemente punitivo hacia un modelo de gestión preventivo. La iniciativa plantea candados legales para impedir que las obras de gran calado sean fragmentadas en evaluaciones independientes cuando compartan una misma delimitación geográfica o impacto regional.
La propuesta legislativa introduce de manera formal las figuras jurídicas de restauración, reparación y remediación, las cuales carecían de un desarrollo conceptual y regulatorio en el marco legal ambiental aprobado en 1988. De acuerdo con el planteamiento institucional, estos mecanismos prevén asegurar la restitución de los ecosistemas ante eventuales pasivos ambientales derivados de la actividad humana o industrial.
En materia de planeación, el proyecto vincula la evaluación ambiental con el ordenamiento del territorio, abarcando sectores prioritarios como el desarrollo inmobiliario y el saneamiento de cuencas hidrográficas. El esquema proyecta la implementación de un Programa de Restauración Ecológica que incorpore investigación científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales de las comunidades locales.
El planteamiento de la Semarnat responde a la necesidad de actualizar la legislación nacional frente a factores de riesgo global como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los niveles de contaminación. La iniciativa prioriza el principio de precaución ambiental para mitigar daños irreparables antes de recurrir a procedimientos sancionatorios.
El documento normativo iniciará su trámite formal en el Poder Legislativo, donde requerirá la discusión y aprobación de las cámaras correspondientes para sustituir de manera definitiva la ley vigente. De concretarse el aval parlamentario, el nuevo ordenamiento regulará las licencias y manifestaciones de impacto ambiental para las inversiones públicas y privadas en el país.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.