La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó el fortalecimiento del Estado de Derecho, la garantía de certeza jurídica y la contención inmediata de la violencia en Sinaloa, al advertir que la crisis de seguridad ha impactado directamente en las decisiones de inversión, la operatividad del sector privado y la conservación del empleo en la entidad.
El posicionamiento del organismo patronal se produce en el marco de los enfrentamientos armados entre facciones del Cártel de Sinaloa y la cobertura operativa de las fuerzas federales. La coyuntura coincide con la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina, tras la decisión de Rubén Rocha Moya de retirarse nuevamente de la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, un escenario que el sector empresarial considera determinante para la gobernabilidad institucional.
De acuerdo con datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sinaloa registró una contracción económica del 4.5% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el cierre del ejercicio anterior. El indicador sitúa a la entidad con el desempeño económico más desfavorable a nivel nacional.
Los registros de la Coparmex contabilizan la baja de más de 5,000 unidades económicas formales e informales, así como la cancelación de 27,000 puestos de trabajo. Las proyecciones del organismo señalan que aproximadamente el 45% de los establecimientos comerciales en Sinaloa han suspendido operaciones de manera temporal como consecuencia directa de las condiciones de inseguridad en la región.
El deterioro operativo afecta al comercio minorista y al sector servicios mediante reducciones en los horarios de atención al público y bajas en la afluencia de consumidores. En los municipios turísticos de Mazatlán y Navolato, los ingresos comerciales semanales cayeron entre un 60% y un 80%, mientras que la Unión de Comerciantes de Culiacán reporta el cierre definitivo de entre 3,000 y 4,000 locales.
Exigencia de perfiles técnicos y diálogo institucional
Frente a este escenario, la representación empresarial solicitó la integración de un gabinete gubernamental constituido por perfiles con experiencia técnica y conocimiento de la administración pública. El organismo instó a priorizar la legalidad institucional sobre el debate partidista para estabilizar las variables socioeconómicas del estado.
La organización empresarial concluyó que la reactivación del aparato productivo requiere de un entorno institucional estable que devuelva la confianza a los inversionistas. Las cámaras del sector privado reiteraron su llamado a las autoridades federales y locales para ajustar sus actuaciones al marco jurídico y restablecer el orden público.
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