El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, aseveró que las diferencias en la conducción del gobierno federal y las tensiones internas en Morena son consecuencia directa de una estructura de poder paralelo ejercida desde Macuspana hacia las decisiones de Palacio Nacional.
El legislador priista señaló que la coexistencia de líneas directivas contrapuestas afecta la toma de decisiones en materia de gobernabilidad y política exterior. De acuerdo con el parlamentario, actores políticos dentro de la administración pública operan en función de las directrices emanadas desde el rancho del expresidente Andrés Manuel López Obrador, situación que calificó como un «maximato».
En materia de seguridad pública y soberanía, Manuel Añorve Baños recriminó el uso del discurso de autodeterminación para rechazar las acusaciones formuladas por la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) contra cuadros del partido oficialista. El coordinador bancario subrayó que las observaciones del organismo estadounidense no deben desestimarse bajo retórica ideológica.
Expedientes pendientes e impunidad
Asimismo, la dirigencia parlamentaria del PRI cuestionó la falta de avances en las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras en Segalmex y el seguimiento a los señalamientos que involucran a Ignacio Ovalle, así como a Andy López Beltrán y José Ramón López Beltrán. El diputado argumentó que los expedientes inconclusos contradicen la narrativa de integridad de la administración federal.
Respecto a la situación institucional en Sinaloa, el representante legislativo urgió a la aplicación rigurosa de los mecanismos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para restablecer el orden público y atender el deterioro de la actividad económica en la entidad.
Finalmente, Manuel Añorve Baños rechazó los resultados de los estudios de opinión que posicionan a la oposición en desventaja, asegurando que el PRI mantiene un crecimiento electoral sostenido. El legislador atribuyó la difusión de dichos sondeos a estrategias de comunicación pagadas por el gobierno federal para influir en las preferencias ciudadanas.
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