El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, rechazó la modificación a las normas transitorias que pospone hasta el año 2031 la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Durante su intervención en la Sesión Ordinaria, el legislador advirtió que diferir la aplicación del ordenamiento procesal hasta esa fecha deja sin efecto práctico la reforma constitucional aprobada en 2017 y vulnera la certeza jurídica en el país.
El representante parlamentario subrayó que el aplazamiento por 14 años desde el mandato original equivale a invalidar la voluntad del Constituyente Permanente. Señaló que, a diferencia de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio oral, el actual dictamen no prevé partidas de recursos federales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para que las provincias y los poderes judiciales locales puedan adecuar su infraestructura procesal.
Moreira Valdez expuso que esta falta de respaldo financiero genera una disparidad normativa entre las entidades federativas. Precisó que mientras la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Baja California ya implementaron la legislación procesal homologada, las demarcaciones restantes mantendrán marcos jurídicos anteriores, derivando en un esquema de fragmentación legal para el litigio civil y familiar.
Estrangulamiento presupuestal y rezago institucional
En el análisis de las capacidades operativas, el diputado del PRI contrapuso el discurso oficial frente al estancamiento presupuestal de las instituciones encargadas de impartir justicia. Detalló que la suma total de las asignaciones para todos los tribunales locales del país no supera los 60 mil millones de pesos, monto que resulta insuficiente para cubrir las exigencias de la transición hacia la oralidad.
Asimismo, cuestionó el respaldo institucional otorgado a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), al hacer referencia a su reciente expulsión de la Asociación Mundial de Tribunales, hecho que, afirmó, evidencia el deterioro de los organismos de representación judicial a nivel internacional.
Por último, el legislador priista recriminó el congelamiento de la declaratoria de constitucionalidad referente al salario mínimo profesional para el personal de salud, educación y seguridad pública en el Senado de la República. Indicó que la postergación sistemática de las reformas estructurales mantiene un rezago en las condiciones laborales de los sectores esenciales del Estado.
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