El gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció su reincorporación al ejercicio del cargo al concluir un periodo de licencia temporal de 112 días, luego de que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no encontraran elementos de prueba en su contra.
A través de un posicionamiento institucional divulgado en sus canales oficiales, el titular del Poder Ejecutivo estatal confirmó la conclusión del proceso de separación que solicitó ante el Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 1 de mayo, con el propósito de atender los señalamientos formulados por autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El mandatario estatal precisó que durante el lapso de su separación compareció formalmente ante los agentes del Ministerio Público de la Federación para ponerse a disposición de las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el país, prescindiendo para tal fin de la protección que otorga el fuero constitucional.
Dictamen de las autoridades de procuración de justicia
La determinación de retornar a las funciones ejecutivas se sustenta en las diligencias concluidas por la FGR, organismo autónomo que informó formalmente la invalidez de los indicios aportados por agencias internacionales para configurar alguna conducta delictiva o la participación del funcionario en actividades de la delincuencia organizada.
Las acusaciones hechas públicas a finales de abril involucraban señalamientos sobre supuestos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, señalamientos que el titular del Ejecutivo califica como inconsistentes al carecer de sustento jurídico probatorio.
Conclusión del mandato constitucional
Con su restitución en el cargo, Rubén Rocha Moya dará continuidad a las funciones administrativas y operativas de la entidad federativa con la finalidad de completar el periodo institucional para el cual fue electo por la ciudadanía sinaloense, cuyo término legal concluye el 31 de octubre del próximo año.
El gobierno del estado prevé el restablecimiento inmediato de la agenda de trabajo institucional en las dependencias estatales, priorizando el seguimiento a las políticas públicas de seguridad, desarrollo económico y la coordinación ordinaria con la administración pública federal.
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