Un total de 18 entidades federativas han promulgado marcos jurídicos y administrativos para limitar o restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en planteles de educación básica. El avance de las legislaturas locales ocurre de manera previa a la definición del esquema regulatorio nacional que alista la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Las adiciones normativas más recientes se registraron en Sinaloa y Tlaxcala. El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el pasado 30 de julio una reforma para permitir el uso de telefonía celular únicamente con propósito académico o por emergencia, bajo supervisión docente, otorgando un plazo de 120 días a la autoridad educativa local para emitir los lineamientos correspondientes. Por su parte, la autoridad educativa en Tlaxcala expidió lineamientos administrativos orientados a normar el manejo de dichos dispositivos durante la jornada educativa.
El mapa de regulación vigente abarca también a los estados de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Las disposiciones varían entre la restricción general en la jornada escolar, el resguardo de equipos y la exigencia de autorización docente para uso estrictamente pedagógico.
En contraste con las entidades que ya cuentan con normatividad, seis congresos estatales mantienen expedientes en etapa de análisis legislativo. Las iniciativas presentadas en Baja California, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz contemplan proyectos de dictamen para regular la presencia de pantallas en las aulas, con planteamientos que van desde protocolos escolares hasta esquemas que incluyen a los docentes de nivel secundaria.
La consulta de la SEP
A la par de los antecedentes locales, la Secretaría de Educación Pública anunció que los días 24 y 25 de agosto aplicará una consulta directiva en las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares. El instrumento busca recabar la postura de más de un millón de docentes pertenecientes a más de 200 mil escuelas de educación básica sobre la presencia de tecnología en las aulas y las alternativas para su ordenamiento.
El proceso impulsado por el Gobierno federal derivará en foros de discusión con la participación de personal docente, estudiantes, familias y especialistas. La agenda de análisis institucional no se limitará al uso del teléfono celular, sino que incorporará el impacto de las redes sociales, la inteligencia artificial, los videojuegos y la exposición intensiva a pantallas en menores de edad.
El catálogo de normas locales previas servirá como insumo técnico para la eventual política federal. La propuesta nacional deberá precisar aspectos operativos dentro de los planteles, tales como los protocolos de resguardo de equipos, la delimitación de responsabilidades ante pérdidas, el uso en periodos de recreo y las excepciones por motivos de salud o necesidades específicas.
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