Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores de las distintas fuerzas políticas enfrentaron posturas respecto al proyecto de los Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. La discusión se centró en la iniciativa de autorregulación emitida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo desconcentrado encargado de conducir la consulta pública que concluirá el próximo 21 de agosto.
La bancada del PRI advirtió que la redacción propuesta excede las facultades legales aprobadas por el Poder Legislativo. El diputado Rubén Moreira Valdez señaló que el instrumento da margen a la discrecionalidad gubernamental para definir los criterios de veracidad informativa. Asimismo, respaldó la postura de la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión al sostener que la ambigüedad del texto podría derivar en controles indirectos sobre los contenidos.
Posturas en torno a la regulación
Por su parte, los representantes del grupo parlamentario de Morena descartaron que el proyecto contemple medidas coercitivas o intenciones de censura previa. El diputado Arturo Ávila Anaya argumentó que el régimen sancionador se limita a vigilar la existencia de un código de ética, la designación de un defensor de las audiencias y el establecimiento de un mecanismo de atención, fundamentos previstos en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la misma liza oficialista, la diputada María Teresa Ealy Díaz puntualizó que la regulación proviene de un mandato previsto en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Subrayó que los criterios en revisión excluyen explícitamente a la prensa escrita y a las plataformas digitales, centrando sus alcances en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones para transparentar la diferencia entre información y publicidad.
Agenda legislativa y reclamos de la oposición
Desde la bancada del Partido Acción Nacional, la diputada Verónica Pérez Herrera cuestionó la competencia del órgano regulador para dirimir procedimientos de queja. A su vez, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño aprovechó el marco de la Agenda Política para solicitar auditorías de la Secretaría Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre contrataciones a la firma Territorium Life por 218 millones de pesos y supuestos certificados irregulares en materia sanitaria.
Por la fracción de Movimiento Ciudadano, el diputado Gibrán Ramírez Reyes planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma del Estado que atienda un nuevo pacto fiscal y un replanteamiento de la Fuerza Armada. Finalmente, los integrantes del Partido del Trabajo respaldaron la validez del proceso consultivo, insistiendo en que el ordenamiento busca garantizar el acceso de la ciudadanía a información veraz mediante esquemas de responsabilidad social en los medios.
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