El Gobierno federal detalló el mecanismo operativo de los lineamientos de los derechos de las audiencias, un marco normativo que obligará a las concesionarias de radio y televisión a establecer procedimientos internos, incluyendo la emisión de códigos de ética y la designación de un defensor de audiencias financiado por las empresas.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta busca modificar la forma en que los medios informan sobre contenidos pagados y opiniones, sin que la autoridad asuma la función de árbitro directo sobre la veracidad de la información transmitida.
Bajo este esquema, cada medio tendrá la obligación legal de nombrar a una persona encargada de procesar las solicitudes de aclaración del público en plazos definidos. La intervención del Estado se limitará a sancionar los incumplimientos formales, como la omisión en la publicación del código de ética o la carencia de mecanismos de queja.
Regulación publicitaria y de opinión
En materia comercial, las regulaciones exigirán identificar los segmentos patrocinados. En televisión abierta y de paga, las transmisiones deberán mostrar una letra «P» al inicio y final del bloque; para las estaciones de radio, la identificación publicitaria tendrá que emitirse de forma verbal y previa.
Respecto a los formatos que combinan información periodística y opinión personal, los lineamientos requerirán la inserción de una pleca en pantalla o un aviso auditivo. Alcalde precisó que estas advertencias se colocarán únicamente al inicio y al final de los programas, para no interrumpir continuamente a los conductores.
Estatus normativo y postura presidencial
El documento regulatorio se mantiene actualmente en fase de consulta pública. Su entrada en vigor y consecuente aplicación obligatoria dependerá de la conclusión de este proceso administrativo y su posterior publicación formal en el Diario Oficial de la Federación.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la directriz argumentando que la autorregulación corporativa representa una alternativa frente a la censura estatal. La mandataria definió los códigos de ética como un instrumento público que permitirá a la ciudadanía evaluar el compromiso de las empresas con sus propias reglas.
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