A 11 años del crimen en el que fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y tres mujeres más, familiares de las víctimas y organizaciones civiles protestaron este viernes frente a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar impunidad, omisiones y falta de avances en las investigaciones.
Durante la manifestación en Ciudad de México, los familiares acusaron a las autoridades de violencia institucional, dilación en el proceso y la pérdida arbitraria de evidencia fundamental a lo largo de más de una década.
“Durante 11 años la violencia institucional nos ha golpeado como víctimas, como seres humanos y como familias. Nos ha torturado con su complicidad con los delincuentes. Lastimosamente han generado narrativas de criminalización social y arbitrariamente han dejado perder evidencia fundamental”, afirmó Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista.
Las víctimas y el desarrollo del caso
El 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte, fueron hallados sin vida Rubén Espinosa, Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz.
Víctor Alonso del Pozo, coordinador de Defensa de Artículo 19 para México y Centroamérica, señaló que el expediente sigue en la impunidad tras el paso de tres administraciones federales y cinco titulares de la FGR. El representante remarcó que sigue pendiente indagar plenamente el hostigamiento y persecución que Espinosa y Vera denunciaron antes de salir del estado de Veracruz.
Rechazo a la hipótesis de encuentro fortuito
Por su parte, Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, descartó que las víctimas coincidieran de forma casual en el lugar de los hechos y sostuvo que se trató de un acto planificado.
“Cuando dos víctimas comparten el mismo perfil de riesgo como amenaza previa y persecución, su muerte conjunta se trata automáticamente como un acto dirigido y planificado, no como un encuentro fortuito”, aseveró Alfaro.
La madre de la víctima recriminó a la FGR la suspensión del diálogo con las familias, así como la desestimación de información aportada sobre una posible línea vinculada con la trata de personas. Organizaciones de libertad de expresión reiteraron el llamado al Estado mexicano para sancionar a las autoridades responsables de las irregularidades en las pesquisas y esclarecer los hechos.
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