El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a autoridades ambientales y estatales a suspender las obras de la mega recicladora en San José Chiapa, Puebla, hasta que se acredite el cumplimiento íntegro de las garantías ambientales y de participación establecidas en la Constitución y en el Acuerdo de Escazú.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hacer pública y accesible la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y los estudios técnicos que sustenten la viabilidad del proyecto integrado en los esquemas de desarrollo regional.
Exigen estudios técnicos y verificación federal
Asimismo, el representante popular solicitó a las instancias federales abstenerse de otorgar o mantener autorizaciones sin evidencia científica verificable que garantice que la planta para el tratamiento de residuos no afectará los mantos acuíferos de la cuenca Libres-Oriental ni generará emisiones tóxicas que vulneren el derecho humano a un medio ambiente sano.
También solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atender con diligencia la denuncia popular presentada, realizar inspecciones y verificaciones técnicas, y dar a conocer públicamente los resultados, incluyendo las medidas de seguridad o correctivas que correspondan.
Demanda de consulta indígena vinculante
En el mismo sentido, el diputado federal exhortó al gobierno estatal a realizar una consulta indígena pública, previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de carácter vinculante, dirigida específicamente a la población de San José Chiapa y a los municipios aledaños de la cuenca potencialmente afectados.
Moreira Valdez subrayó que su propuesta no busca frenar el desarrollo económico, sino exigir que éste se realice con verdad, estudios científicos accesibles, participación real de las comunidades y respeto pleno al equilibrio ecológico. De lo contrario, advirtió, la región podría configurarse como una zona de impacto adverso irreversible para el erario y la salud pública.
Alertas comunitarias y marco constitucional
Por su parte, habitantes de la comunidad alertaron que el complejo operaría bajo esquemas de incineración capaces de recibir residuos de diversas entidades federativas, generando emisiones contaminantes sin contar con autorizaciones federales firmes. Asimismo, señalaron la necesidad de atender pasivos ambientales previos en la zona.
El legislador recordó que las comunidades originarias tienen derecho a ser consultadas conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los estándares internacionales en materia de justicia ambiental que regulan el acceso a la información y la participación pública.
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