El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, recibió transferencias bancarias por un monto acumulado de 18 millones de pesos procedentes de la empresa Ingemar S.A. de C.V., entidad mercantil investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta integración en una red de contrabando de combustible, conocida como «huachicol fiscal». De acuerdo con la orden de aprehensión librada por las autoridades federales, dichos movimientos financieros evidencian la participación del político de oposición en el aprovechamiento de recursos de origen ilícito mediante esquemas de triangulación de fondos.
Las investigaciones ministeriales detallan que la FGR solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para auditar las operaciones de los implicados. En la revisión financiera se constató que entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2025, la compañía Ingemar realizó dos transferencias electrónicas a una cuenta bancaria a nombre del exmandatario estatal.
Estructura corporativa y modo de operación
Ruffo Appel se integró formalmente como accionista y miembro del consejo de administración de Ingemar S.A. de C.V. el 12 de octubre de 2018, aportando un capital inicial de 682 mil pesos. La representación social sostiene que, debido a su posición jerárquica dentro del órgano directivo de la empresa, el imputado ejercía poder de decisión en la estructura operativa y figuraba como beneficiario directo de las actividades comerciales investigadas.
El caso forma parte de una serie de 25 órdenes de aprehensión obtenidas por la FGR contra personas involucradas en el esquema ilícito. La red operativa se dedicaba a la importación, distribución y venta de productos derivados del petróleo, evadiendo el pago de contribuciones fiscales en las aduanas del país mediante la falsificación y alteración de documentación oficial.
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