Familiares y representantes legales de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa exigieron la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra. La petición surge tras la emisión de la recomendación 208VG/2026, documento en el que el organismo descarta la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas y deja sin efecto seis recomendaciones previas que reconocían la intervención de elementos militares en los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Guerrero.
Felipe de la Cruz, vocero de un grupo de familiares, afirmó que Piedra Ibarra perdió las condiciones para continuar al frente de la institución. «Yo lo que recomendaría es que dejara la función por su incapacidad de ver realmente y saber qué función tiene que desempeñar ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos», expresó el vocero. Asimismo, reprochó que el informe descalifique las investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) encabezada en su momento por Alejandro Encinas y otorgue credibilidad a testimonios de personas procesadas: «Consideramos que es parte de esa traición, principalmente a las víctimas, a las madres y padres de familia de los 43», puntualizó.
Sealamientos por falta de rigor técnico y autonomía
Por su parte, Alejandro Martínez Martínez, primer director especial del caso Ayotzinapa en la CNDH, sostuvo que la recomendación carece de sustento jurídico y que se emplearon conceptos ajenos al derecho internacional. «Este término que se inventa entre Rosario Piedra y Francisco Estrada de ‘anti-verdad’ no viene en ningún estándar internacional, ni en la Constitución; no es parte del lenguaje de derechos humanos», aseveró Martínez. El abogado acusó además al organismo de omitir la notificación previa a las familias sobre el contenido del documento antes de su publicación, incurriendo en una revictimización.
La postura de la CNDH contrasta con los expedientes de la COVAJ, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con documentos militares filtrados que confirman la infiltración de soldados en la normal rural desde 2010 —entre ellos Julio César López Patolzin—, así como con la vinculación a proceso de 17 elementos militares por su presunta responsabilidad en el caso.
En la recomendación 208VG/2026, la CNDH también acusa a organizaciones civiles como el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y Fundar de promover versiones para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Al respecto, Martínez concluyó que el posicionamiento demuestra la falta de independencia del organismo: «Deja muy claro que no existe esa autonomía respecto del Poder Ejecutivo y trata de disfrazar con un discurso aparentemente antiimperialista o soberanista su apoyo al gobierno».
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