La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 5 mil 69, luego de registrarse 139 nuevos decesos, informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. A través del balance oficial difundido en la plataforma Telegram, el funcionario detalló que el número de personas heridas se mantiene en 16 mil 740, mientras que los ciudadanos sin vivienda suman 17 mil 907.
El reporte indica que las autoridades del país han brindado atención a 128 mil 324 familias afectadas por los movimientos telúricos, los cuales registraron magnitudes de 7.2 y 7.5. Asimismo, se dio a conocer que 21 mil 235 personas se encuentran distribuidas y bajo resguardo en 107 campamentos transitorios habilitados tras la contingencia.
Réplicas y afectaciones por entidad
Desde el evento principal del 24 de junio, los sistemas de monitoreo oficiales han contabilizado 1 mil 331 réplicas. De acuerdo con el balance legislativo, el movimiento secundario de mayor impacto se documentó la mañana del pasado 10 de julio, correspondiente a un sismo de magnitud 3.9 localizado a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, entidad que se mantiene identificada como la zona más afectada por el doble terremoto. La réplica generó evacuaciones preventivas en diversas edificaciones civiles.
Ante la pérdida de infraestructura habitacional, el Poder Ejecutivo inició el pasado fin de semana un censo biométrico con la finalidad de cuantificar con precisión los requerimientos de edificación, bajo una estimación preliminar que prevé la necesidad de edificar 25 mil viviendas.
Reformas legales para la reconstrucción
Como parte de las medidas institucionales frente a la emergencia, el Parlamento de Venezuela aprobó este martes un proyecto de reforma de ley orientado a agilizar los procesos de construcción inmobiliaria.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, especificó que los cambios técnicos aplicados a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria —los cuales requieren de un segundo debate legislativo para su validez definitiva— tienen como objetivo establecer garantías de seguridad jurídica y mecanismos de financiamiento para que el sector privado participe en la edificación habitacional masiva en las regiones afectadas.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.