El gobierno de Estados Unidos concretó un acuerdo comercial con un operador privado para asumir el control mayoritario y la propiedad económica de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela. La operación estratégica incrementa la disponibilidad de recursos energéticos bajo tutela estadounidense, superando sus reservas territoriales actuales estimadas en 46 mil millones de barriles.
El convenio bilateral fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con una entidad privada del sector energético. El instrumento legal otorga a la administración estadounidense derechos de gobernanza, propiedad económica y la extracción garantizada a bajo costo del crudo venezolano, el cual será procesado a través de la infraestructura y refinerías situadas en territorio estadounidense.
La estrategia contempla la transferencia operativa de 17 campos petroleros incrementales que previamente se encontraban bajo la gestión de corporaciones de Rusia y China, así como de actores vinculados a las administraciones de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. De acuerdo con el posicionamiento oficial de la Casa Blanca, la medida busca erradicar la influencia de competidores geopolíticos en el hemisferio occidental e instrumentar los principios de la Doctrina Monroe.
Desde la perspectiva de la administración estadounidense, el esquema de privatización y desarrollo en la industria energética venezolana constituye el primer eje de un plan estructurado en tres fases que abarca la estabilización, la reconstrucción económica y la posterior transición democrática en la nación sudamericana, tras el despliegue de la denominada Operación Absolute Resolve.
Estructura financiera y mecanismos de supervisión
Frente a cuestionamientos sobre la naturaleza del proceso de negociación, la Casa Blanca precisó que el acuerdo se celebró exclusivamente con una empresa privada que registra una producción actual de 250 mil barriles diarios de petróleo, excluyendo de la transacción al gobierno interino de Venezuela y omitiendo negociaciones de carácter político en esta etapa.
Para prevenir actos de opacidad en el manejo de los recursos derivados de la actividad extractiva, se estableció la creación de mecanismos de auditoría financiera bajo normativa jurídica de Estados Unidos. Bajo este esquema, cualquier asignación presupuestal destinada a la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por parte de la empresa operadora deberá canalizarse a través de una cuenta auditada y administrada por autoridades estadounidenses.
El modelo operativo replica la estructura bajo la cual opera la corporación Chevron en territorio venezolano. Las proyecciones de la administración estadounidense prevén que los primeros envíos de crudo hacia el mercado norteamericano comiencen a principios del próximo año, con el objetivo de incrementar el suministro energético regional y reducir los costos de los combustibles.
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