Un nuevo material filtrado revelaría que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presuntamente habría ofrecido compartir información estratégica obtenida en las mesas de seguridad estatales con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia estadounidense.
De acuerdo con la grabación atribuida a la mandataria, la funcionaria buscaría agotar una última instancia de negociación para frenar el supuesto avance de expedientes judiciales en su contra, los cuales podrían derivar en una orden de extradición hacia territorio norteamericano.
Durante la conversación con un individuo identificado como asesor externo de las agencias extranjeras, la titular del Ejecutivo estatal habría externado su preocupación ante el riesgo latente de ser penalizada técnica y financieramente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Frente a la advertencia del intermediario sobre la posible formulación de cargos penales por parte de una procuradora en el país vecino, Ávila Olmeda propondría cooperar como informante. «Están diciendo que me van a levantar cargos y con orden de extradición […] Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar», se escucharía declarar a la gobernadora.
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Contraste con el discurso oficial
Esta presunta revelación contradiría directamente el posicionamiento institucional emitido por la administración estatal el pasado 22 de junio. En esa fecha, la mandataria negó la existencia de acuerdos extraoficiales y argumentó que sus encuentros fronterizos mantenían un rigor estrictamente diplomático e institucional.
El archivo también apuntaría a que la funcionaria mantendría representación legal en Estados Unidos mediante el abogado Michael Nadler. Asimismo, sugeriría la existencia de reuniones previas en México con agentes adjuntos del FBI, diligencias que el gobierno estadounidense habría catalogado como infructuosas.
En la conclusión de la supuesta llamada, se plantearía coordinar una nueva reunión entre la defensa legal y las autoridades norteamericanas. Ante la sugerencia de realizar el encuentro en instalaciones consulares, la gobernadora se habría rehusado categóricamente a ingresar a recintos diplomáticos, proponiendo como alternativa llevar a cabo el encuentro en un hotel.
—con información de El Universal
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