La cifra de fallecidos por los sismos registrados hace quince días en Venezuela aumentó a 3,899 personas, lo que representa un incremento de 88 decesos en comparación con el reporte previo, según el balance oficial emitido este jueves. Por su parte, el número de heridos se estabilizó en 16,740 ciudadanos, manteniéndose sin variaciones respecto al informe del pasado domingo.
Balance de damnificados e infraestructura afectada
De acuerdo con el boletín oficial compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, las secuelas del doble terremoto del pasado 24 de junio —de magnitudes 7.2 y 7.5— registran a 17,907 personas sin vivienda y a 6,462 ciudadanos rescatados. Hasta la fecha, las autoridades gubernamentales han brindado asistencia a un total de 86,794 familias.
El Estado venezolano mantiene habilitados 89 campamentos transitorios donde actualmente se refugian 16,892 personas. Respecto a la infraestructura urbana, los censos oficiales contabilizan 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron en su totalidad a causa de los movimientos telúricos.
Ayuda internacional y fase de estabilización sanitaria
En el ámbito de la asistencia humanitaria, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela notificó este jueves que más de 30,000 ciudadanos venezolanos han recibido insumos de primera necesidad provistos por la nación norteamericana. Los artículos de emergencia fueron entregados por el subsecretario de Agricultura estadounidense, Luke Lindberg, y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum, a través de la organización Global Empowerment Mission.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este jueves que la emergencia sanitaria «está lejos de haber terminado» y que la intervención entró en una fase «crítica». El organismo detalló que ha logrado movilizar 9 millones de dólares de una meta total de 24 millones necesarios para financiar el plan de contingencia.
El director de la OPS, Jarbas Barbosa, puntualizó que la respuesta sectorial se reenfocará en la estabilización, la continuidad de los servicios de salud y la recuperación temprana. Asimismo, el funcionario insistió en que las principales prioridades de control de riesgos corresponden a mitigar las interrupciones en la atención médica, evitar las consecuencias del hacinamiento, garantizar el acceso a agua potable y asegurar los esquemas de vacunación entre la población afectada.
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