La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, declinó revelar las líneas de investigación sobre el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, argumentando la necesidad de no revictimizar a la familia ni interferir con el proceso judicial en curso.
La postura del Ejecutivo estatal se desarrolla a la par del anuncio de la Fiscalía General del Estado, institución que confirmó la detención de ocho personas vinculadas al caso, a quienes se les ejecutaron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado.
Entre los detenidos por el crimen de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste, se identificó a cuatro elementos activos de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste, lo que añade un componente institucional a la investigación del secuestro perpetrado el 2 de junio en Nanchital.
Ante la difusión de detalles del expediente judicial en medios nacionales, Nahle García justificó que los datos no derivan necesariamente de filtraciones sistemáticas, sino del acceso ordinario que ministerios públicos y abogados tienen durante las audiencias procesales.
Presión por perspectiva de género
La reserva de información a nivel estatal converge con las demandas del Comité para la Protección de Periodistas, organismo que urgió a las autoridades a realizar una investigación creíble y transparente que agote la línea vinculada al trabajo informativo.
La entidad internacional advirtió sobre el contexto de seguridad para la prensa en el estado, al documentar que el caso de Guzmán Ramírez representa el tercer homicidio de una periodista registrado en Veracruz durante el año 2026.
Desde el ámbito legislativo, la senadora Laura Itzel Castillo solicitó que las diligencias se conduzcan bajo estricta perspectiva de género. Asimismo, alertó sobre el riesgo procesal de utilizar las declaraciones de los imputados para justificar la violencia o desacreditar a la víctima.
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