La Auditoría Superior de la Federación (ASF) procedió legalmente contra los presuntos responsables de un desfalco por 121.9 millones de pesos detectado en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento Forense número 76, correspondiente a la cuenta pública 2024, las irregularidades involucran la simulación de servicios y transferencias de recursos públicos a las cuentas personales de un funcionario del organismo y de su esposa.
El reporte técnico detalla que las tres denuncias penales correspondientes fueron presentadas el pasado 26 de junio, formando parte de un paquete de 21 acciones jurídicas vinculadas a revisiones de las cuentas públicas efectuadas entre 2020 y 2024, el cual coincide con el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Transferencias directas a cuentas personales
Las investigaciones realizadas con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) identificaron que un empleado de la Cofepris, registrado como “Verificador o Dictaminador Especializado A”, fungió como supervisor de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de diversos contratos y convenios modificatorios.
La auditoría señala textualmente que dicho servidor público «recibió transferencias en su cuenta bancaria por un total de 5 millones 625 mil pesos provenientes de recursos públicos federales». El dinero provenía de las empresas contratistas, y los flujos financieros también alcanzaron las cuentas de su cónyuge, referida formalmente en el expediente como “Persona física 36”.
Simulación de servicios y pruebas fraudulentas
La ASF detectó que el esquema operó mediante tres empresas que mantenían relación entre sí, compartiendo representantes jurídicos y realizando transferencias de fondos entre ellas. Las anomalías específicas se distribuyeron de la siguiente manera:
La empresa Build Project and Design Memt, S.A. de C.V. obtuvo 56 millones de pesos por servicios que no fueron comprobados. El análisis forense digital identificó metadatos de archivos con nombres que coincidían con el del servidor público investigado.
Por su parte, GAB Comercialización, Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. recibió 24 millones de pesos mediante la entrega de pruebas fraudulentas asociadas a los trabajos requeridos en el contrato COFEPRIS-LPN-022-23.
Finalmente, la proveedora JEL Insumos, S.A. de C.V. manejó un contrato de 41.1 millones de pesos, en el cual se detectaron registros falsificados. La auditoría concluyó que en los archivos electrónicos del proveedor «se identificaron mil 54 fotografías duplicadas, 126 triplicadas y 18 cuadruplicadas en diferentes rutinas de servicios y se detectaron coincidencias idénticas con 10 fotografías de los informes».
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