Venezuela tiene previsto dar a conocer una deuda acumulada de 240 mil millones de dólares, una cifra superior a los cálculos previos de los mercados financieros, que la situaban entre 150 mil y 200 mil millones de dólares. Según informó este miércoles el periódico económico Financial Times (FT), este anuncio se enmarca en la preparación de la mayor reestructuración soberana de la historia del país.
Fuentes cercanas a las autoridades venezolanas indicaron que los planes financieros serán presentados formalmente a los acreedores en las próximas semanas. El proceso ocurre meses después de que el presidente Nicolás Maduro fuera arrestado a principios de año en una operación militar coordinada por los Estados Unidos.
Plan de reestructuración para finales de año
Delcy Rodríguez, quien ejerce como líder interina de Venezuela, busca concretar un acuerdo con los tenedores de bonos antes de que concluya el presente año. El objetivo institucional es reincorporar al país a los mercados financieros internacionales, de los cuales permanece excluido desde hace casi una década.
Para el diseño de la estrategia financiera, Caracas contrató al banco de inversión estadounidense Centerview Partners como asesor financiero, firma que colaboró en la elaboración del plan para retornar la deuda soberana a niveles sostenibles.
Observaciones y discrepancias sobre el papel del FMI
El diario financiero destacó que el análisis de esta reestructuración masiva no fue desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), un hecho calificado como fuera de lo común en el ámbito de las finanzas internacionales. Al respecto, un inversor que recientemente liquidó sus posiciones en deuda venezolana declaró al periódico: «Esta es una de las primeras grandes reestructuraciones en las que el FMI no es el autor del análisis de sostenibilidad de la deuda».
Por su parte, sectores de la oposición venezolana manifestaron sus reservas ante la velocidad del proceso. Miembros de este bloque expresaron su preocupación de que una negociación acelerada y efectuada de manera independiente al FMI debilite la postura jurídica y comercial del Estado frente a los acreedores internacionales de los bonos.
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