Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ingresaron por la fuerza este miércoles a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en la alcaldía Benito Juárez. Durante los disturbios registrados en el inmueble federal, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultaron afectados y requirieron traslado hospitalario, según el reporte oficial de las autoridades de la Ciudad de México.
Confrontación e ingreso al inmueble
El reporte de la SSC detalló que una policía sufrió un desmayo y otro oficial presentó lesiones menores durante el altercado. Tras varias horas de concentración sobre la avenida Universidad, el grupo de manifestantes golpeó con mazos la caseta de seguridad y los accesos principales hasta romper el cerco perimetral. Una vez en el interior, los inconformes realizaron pintas, colocaron pancartas con sus demandas laborales y llevaron a cabo una quema en los patios del recinto.
Para intentar contener el avance del contingente y evitar el ingreso total al edificio, el personal que permanecía resguardado en los despachos administrativos empleó el polvo químico de los extintores hacia los accesos dañados.
Contexto de las movilizaciones y demandas
Esta irrupción se efectuó en el marco del tercer día del paro nacional convocado por la dirigencia magisterial. Como parte de la misma jornada de protestas en la capital mexicana, células del sindicato docente también inhabilitaron los accesos y realizaron bloqueos en las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), localizadas en la zona de Buenavista.
La CNTE mantiene un esquema de movilizaciones permanentes con el objetivo de presionar a las autoridades federales. Sus principales exigencias de carácter formal consisten en la derogación de las reformas educativas aprobadas durante las administraciones presidenciales previas, el incremento y mejora de las pensiones de los trabajadores en retiro, y el establecimiento de una mesa de negociación directa con el Ejecutivo federal para resolver su pliego petitorio.
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