La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que establece una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera en el marco normativo mexicano. Durante la sesión de la asamblea, el tablero de votación registró 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención.
El proyecto aprobado adiciona un inciso d) al párrafo tercero de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El texto constitucional determinará el sistema de nulidades por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando «exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales».
El documento, procesado originalmente por la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXVI Legislatura , argumenta que el sistema previo de nulidades presentaba una laguna técnica. Las causales anteriores se limitaban a sancionar el exceso de gasto de campaña, la compra de cobertura informativa y el uso de recursos públicos o ilícitos, sin contemplar de manera expresa la injerencia de potencias o agentes externos.
Proyección ante riesgos globales
La exposición de motivos del decreto advierte que las nuevas modalidades de injerencia extranjera operan aprovechando vacíos normativos mediante mecanismos digitales y financieros. La intervención puede manifestarse a través de campañas de desinformación coordinadas, ciberataques, presiones diplomáticas o financiamiento opaco.
Con esta modificación constitucional, se busca dotar al sistema jurídico de una herramienta expresa orientada a proteger la soberanía nacional y garantizar que la renovación de los poderes públicos derive exclusivamente de elecciones libres, protegiendo la autenticidad del sufragio de los ciudadanos.
Armonización legislativa
De acuerdo con el régimen transitorio del decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas tienen la obligación de armonizar su marco normativo para adecuarlo a esta reforma antes del 5 de junio de 2026.
Finalmente, se mandata al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a los organismos públicos locales y tribunales estatales, a revisar y ajustar sus disposiciones administrativas y normativas para garantizar la aplicación de esta nueva disposición constitucional.
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