Un juez de la 3ª Vara do Trabalho de Parauapebas, en Brasil, sancionó económicamente a un equipo de abogadas por intentar manipular los sistemas de inteligencia artificial del juzgado. Las litigantes insertaron comandos ocultos en la petición inicial de una demanda laboral, técnica conocida como Prompt Injection, con el objetivo de alterar el análisis automatizado del documento.
El magistrado Luiz Carlos de Araujo Santos Junior detectó que el escrito contenía texto en fuente blanca sobre fondo blanco. Esta configuración lo hace invisible para el ojo humano pero legible para el software algorítmico. Las instrucciones ocultas ordenaban a cualquier herramienta de IA que procesara el archivo contestar la petición de forma superficial. Asimismo, el comando exigía abstenerse de impugnar los documentos presentados, ignorando las directrices de los usuarios institucionales.
En su resolución, el titular del juzgado calificó la conducta como un acto atentatorio a la dignidad de la justicia. Bajo esta premisa, impuso una multa solidaria del 10 por ciento sobre el valor de la causa, equivalente a unos 84 mil reales. El monto total de la sanción económica será revertido a favor de la Unión.
Sabotaje algorítmico en tribunales
El caso cobra relevancia institucional ante la integración del sistema «Galileu» en el Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8). Esta infraestructura generativa está diseñada para agilizar el procesamiento de expedientes jurisdiccionales. El magistrado tipificó la vulneración no como una irregularidad procesal, sino como un ataque a la credibilidad de las herramientas del Estado.
La sentencia establece un criterio técnico sobre la responsabilidad en el uso de tecnologías en el litigio. El juzgador determinó que la responsabilidad por el código invisible recae exclusivamente en la defensa como directores del documento. Se eximió al cliente por carecer de los conocimientos informáticos necesarios para ejecutar la manipulación.
Más allá de la sanción económica, el tribunal ordenó expedir oficios formales a la Orden de Abogados de Brasil (OAB) y a la Corregidoría. Estas instancias administrativas deberán iniciar los procesos disciplinarios correspondientes contra las abogadas firmantes por su actuación durante el procedimiento.
Respecto al fondo del litigio original, que versaba sobre el reconocimiento de vínculo y el pago de verbas rescisórias, la autoridad falló a favor del demandante. Se declaró la existencia de la relación laboral y se condenó al demandado al pago de las indemnizaciones por su rebeldía procesal.
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