La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, denunció públicamente una escalada de acciones legales en su contra operada desde el gobierno federal. La mandataria confirmó que ha sido requerida inconstitucionalmente por el Ministerio Público Federal para comparecer, atribuyendo estas maniobras iniciales al reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad.
A través de un mensaje difundido este martes, la titular del Ejecutivo estatal detalló que durante la madrugada recibió un citatorio para una nueva audiencia en la Ciudad de México. Este requerimiento jurisdiccional se deriva de una denuncia por el delito de secuestro interpuesta directamente por el exgobernador Javier Corral.
La mandataria inscribió esta acusación judicial en el contexto del incidente ocurrido recientemente en el denominado Bar Jin Jin. En dicho evento, autoridades estatales intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por los delitos de peculado y desvío de recursos, un procedimiento que, recordó, fue impedido operativamente por altos funcionarios del gobierno capitalino.
Además del requerimiento ante la fiscalía federal, la gobernadora chihuahuense confirmó la formalización de una solicitud de juicio político orientada a su destitución. En su evaluación institucional, la activación simultánea de diversas vías legales demuestra una intención dirigida a paralizar el funcionamiento del gobierno del estado mediante el aparato del poder.
En su posicionamiento, Campos acusó a la administración federal y al partido en el poder de aplicar un doble rasero en la impartición de justicia. Argumentó que mientras se persigue sistemáticamente a la oposición, figuras que enfrentan solicitudes de extradición por vínculos con el crimen organizado son protegidas e, incluso, sostienen reuniones con actores políticos del bloque oficialista.
Frente al despliegue de estos instrumentos procesales, la gobernadora anticipó que no evadirá los requerimientos y acudirá a dar la cara en los procesos correspondientes. Tras descartar que vaya a doblarse ante el uso faccioso del Estado, garantizó que utilizará la ley para asumir su defensa legal y mantener la operatividad gubernamental en beneficio de las familias de Chihuahua.
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