La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, acusó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de proteger al crimen organizado y utilizar movilizaciones políticas para desviar la atención de las investigaciones internacionales que involucran a sus cuadros políticos.
Las declaraciones de la legisladora surgen tras una protesta convocada el pasado fin de semana contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. De acuerdo con Luna, el evento registró una asistencia de aproximadamente 2 mil personas, una cifra significativamente inferior a las 200 mil proyectadas inicialmente por los organizadores del partido oficialista.
La representación panista en San Lázaro interpretó el nivel de participación ciudadana como un rechazo a las estrategias de confrontación y un respaldo a las recientes acciones de seguridad en la entidad fronteriza, destacando específicamente el reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio de gran escala.
Señalamientos por nexos criminales
En este contexto, la diputada federal contrastó las operaciones de seguridad del gobierno estatal con las acusaciones que enfrentan actores políticos vinculados a Morena. Específicamente, mencionó el caso de Rubén Rocha Moya frente a los requerimientos de información por parte de autoridades de Estados Unidos derivados de presuntos vínculos con cárteles de la droga.
«Mientras Morena guarda silencio frente a esos casos, organiza ataques políticos contra quienes sí combaten a la delincuencia», argumentó la legisladora a través de un documento oficial emitido este jueves desde Zacatecas.
La fracción parlamentaria reiteró sus críticas a la política de seguridad federal mantenida desde el sexenio pasado. Según su evaluación institucional, la estrategia gubernamental facilitó la expansión territorial del narcotráfico y propició la infiltración de organizaciones delictivas en diversas estructuras de poder público.
Finalmente, Acción Nacional garantizó la continuidad de su respaldo político a las administraciones locales que mantienen operaciones de contención contra la delincuencia, priorizando el restablecimiento del orden institucional en las regiones afectadas por la violencia estructural.
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