Senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron formalmente una iniciativa para reformar el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de otorgar representación institucional a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas dentro del organismo.
La propuesta legislativa plantea que el Consejo Consultivo de la institución reserve dos espacios específicos para representantes de organizaciones de madres buscadoras. El objetivo es que estos perfiles participen directamente en la elaboración de recomendaciones, opiniones técnicas y lineamientos en materia de atención a víctimas y defensa de derechos fundamentales.
De acuerdo con la exposición de motivos de la bancada priista, la crisis de desapariciones en territorio nacional presenta cifras críticas. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 1952 y diciembre de 2025 se contabilizaron 387 mil 319 registros totales, de los cuales una proporción significativa corresponde a casos activos de personas no localizadas.
La iniciativa subraya una tendencia alarmante en sectores vulnerables: la desaparición de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años registró un crecimiento del 72 por ciento en el periodo comprendido entre 2023 y 2025. Asimismo, el grupo demográfico con mayor incidencia de casos se concentra en jóvenes de entre 25 y 29 años.
Institucionalización de la búsqueda
El proyecto del GPPRI enfatiza que los colectivos de madres buscadoras operan actualmente bajo condiciones de violencia, indiferencia institucional y abandono gubernamental. La reforma busca que su experiencia en la localización de fosas clandestinas y el hallazgo de restos se traduzca en políticas públicas con visión de campo y sensibilidad técnica.
Los legisladores sostuvieron que la integración de estas ciudadanas en el Consejo Consultivo permitiría subsanar las deficiencias operativas de la CNDH en la materia. Señalaron que la visión directa de las víctimas es necesaria para que las decisiones y recomendaciones del organismo autónomo respondan a la realidad de las familias que realizan labores de búsqueda de forma independiente.
Implicaciones de la reforma
La discusión de esta iniciativa ocurre en un contexto de alta presión internacional sobre el Estado mexicano respecto a sus mecanismos de identificación humana. De aprobarse, la CNDH sería el primer organismo autónomo en obligar, por ley, la inclusión de ciudadanos con perfil de activismo directo en sus órganos de decisión estratégica.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI manifestó que la labor de las madres buscadoras ha cubierto los vacíos dejados por las fiscalías y comisiones de búsqueda locales, por lo que su presencia en el Consejo Consultivo es un acto de justicia elemental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en derechos humanos.
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