El Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyó a Dámaso Castro Saavedra, actual vicefiscal general de Sinaloa, en una lista de diez funcionarios y exfuncionarios acusados de mantener vínculos con la célula delictiva de «Los Chapitos». Castro Saavedra es el único de los señalados que permanece en activo y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales dentro de la institución procuradora de justicia estatal.
Las autoridades estadounidenses acusan al funcionario de recibir sobornos para proteger a integrantes del Cártel de Sinaloa. El cargo de vicefiscal general representa la segunda posición de mayor jerarquía en la estructura de la fiscalía del estado, solo por debajo del titular de la dependencia.
Vínculo con el caso Héctor Melesio Cuén
Castro Saavedra fue el responsable directo de la investigación inicial sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad de Sinaloa, ocurrido el 25 de julio de 2024. En aquel momento, la fiscalía estatal sostuvo que Cuén falleció tras un asalto en una gasolinería; no obstante, declaraciones posteriores de Ismael «El Mayo» Zambada contradijeron esta versión, afirmando que el homicidio ocurrió durante una reunión donde el capo fue entregado a las autoridades de EE. UU.
Dicha inconsistencia en la indagatoria provocó la renuncia de la entonces fiscal Sara Bruna Quiñones, tras lo cual Castro Saavedra asumió temporalmente como encargado de despacho antes de retomar sus funciones actuales como vicefiscal.
Situación jurídica y administrativa
La Fiscalía General de Sinaloa informó este lunes, a través de un comunicado oficial, que el vicefiscal atenderá cualquier requerimiento de las autoridades correspondientes, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia precisó que, de acuerdo con el artículo 135 constitucional y el artículo 9 de su Ley Orgánica, el cargo de vicefiscal general no cuenta con régimen de inmunidad procesal o fuero.
«Dámaso Castro Saavedra se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales», puntualizó la institución. El desplegado aclara que el funcionario no requiere de una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para enfrentar acciones legales en caso de ser requerido por el marco normativo vigente.
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