La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó como un hecho sin precedentes la reciente acusación de autoridades de los Estados Unidos, específicamente del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, contra 10 personas entre las que se incluye a un gobernador en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Presidenta de la Mesa Directiva señaló que este escenario representa un impacto institucional de enorme gravedad que obliga al Estado mexicano a actuar con absoluta responsabilidad y transparencia.
En este marco, la legisladora advirtió que cualquier intento por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades frente a estos señalamientos derivaría en una situación de impunidad que dañaría la credibilidad de las instituciones ante la comunidad internacional. En ese sentido, la titular del órgano legislativo subrayó que la certeza jurídica es una obligación constitucional que debe garantizarse para dar confianza a la ciudadanía.
Contexto de omisión institucional en Sinaloa
La actual crisis se vincula con un contexto de alertas previas que, según la representación de la Cámara, fueron ignoradas por las instancias correspondientes. Entre los antecedentes destacados se encuentra el asesinato de Héctor Melesio Cuén, quien estaba previsto para integrarse a la presente Legislatura, así como las advertencias públicas realizadas por el diputado federal Mario Zamora sobre la posible intervención del crimen organizado en procesos políticos en Sinaloa.
Asimismo, se recordó que liderazgos como Paola Gárate habían alertado previamente sobre la situación en la entidad. La Presidencia de la Mesa Directiva enfatizó que lo que se enfrenta hoy es consecuencia de una omisión institucional, lo que en su momento obligó a diversos actores políticos a acudir ante organismos internacionales como la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la insuficiencia de las vías nacionales.
Compromiso con la Comisión Permanente
En el marco del inicio de los trabajos de la Comisión Permanente este próximo miércoles, la Cámara de Diputados ratificó su compromiso de garantizar la pluralidad y el respeto institucional durante el debate democrático. Se aseguró que la conducción de este órgano se mantendrá bajo reglas claras, permitiendo que todas las posiciones ideológicas y políticas de los legisladores sean escuchadas sin imposiciones desde la Presidencia.
Finalmente, se hizo un llamado para que el Estado de Derecho en México sea respetado plenamente, asegurando que el país sea reconocido como un socio confiable a nivel mundial. La aplicación de la ley, se reiteró, debe ejecutarse sin privilegios ni cálculos políticos, priorizando la solidez de las instituciones mexicanas frente a los retos de seguridad y justicia que atraviesa el país.
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