El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar al Ejecutivo Federal la publicación y actualización de los dictámenes técnicos y estudios de impacto ambiental referentes a la planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa.
El legislador argumentó que la apertura de la información oficial es necesaria para otorgar certidumbre a la ciudadanía y a los sectores productivos de la región, ante las inquietudes generadas por el proyecto industrial de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
La propuesta legislativa incluye un exhorto a las secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para instalar mesas de diálogo interinstitucionales de manera inmediata en el norte de la entidad.
En estos espacios de concertación, se plantea la participación de la empresa concesionaria, autoridades de los tres niveles de gobierno, productores agrícolas, organismos empresariales, pescadores y delegaciones de los pueblos Mayo-Yoreme, con el objetivo de atender el conflicto social en la zona.
Supervisión ambiental y viabilidad económica
En materia ecológica, el documento insta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a reforzar las auditorías e inspecciones en la Bahía de Ohuira. Zamora Gastélum enfatizó la obligación de garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación en esta área natural, reconocida internacionalmente como sitio Ramsar.
El representante sinaloense enmarcó la petición en la relevancia económica del complejo industrial, que contempla una inversión privada proyectada superior a los 5 mil millones de dólares, incluyendo 860 millones de capital suizo-alemán durante su primera fase operativa.
Finalmente, el Punto de Acuerdo demanda que las dependencias involucradas reporten periódicamente el avance de las condicionantes ambientales y detallen los beneficios económicos, laborales y de desarrollo que la infraestructura generará para las comunidades locales de acuerdo con los criterios de soberanía alimentaria.
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