El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa de ley que propone prohibir a las autoridades el bloqueo de cuentas bancarias sin una orden judicial previa. El proyecto legislativo busca establecer reglas claras para garantizar que el congelamiento de activos financieros respete el derecho a la presunción de inocencia y las garantías procesales de los usuarios.
Según el diputado priista, el marco legal actual permite que el gobierno inmovilice el dinero de los ciudadanos basándose en sospechas sin necesidad de la autorización de un juez. «Se trata de que ese combate [al crimen] se haga bien, con reglas claras y sin abusos a personas inocentes», señaló Moreira al explicar que el régimen vigente puede vulnerar los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Mexicana.
Propuestas de la reforma legislativa
La iniciativa plantea la creación de un protocolo estricto para las instituciones financieras y las autoridades investigadoras. Entre los puntos principales destacan:
- Intervención judicial: Que solo un juez tenga la facultad de determinar el congelamiento de fondos.
- Elementos objetivos: Establecer que se requieren al menos dos pruebas comprobables para justificar la medida.
- Derecho a la defensa: Garantizar que el afectado tenga mecanismos para defenderse antes de quedar sin acceso a su capital.
Protección contra la arbitrariedad
Moreira Valdez advirtió que la falta de criterios definidos sobre lo que constituye un «indicio suficiente» permite decisiones arbitrarias donde la misma autoridad decide, ejecuta y sanciona. La propuesta legislativa sostiene que cualquier restricción al acceso de recursos propios debe derivar de un proceso judicial formal para evitar que ciudadanos que no han cometido ilícitos se vean perjudicados por suposiciones.
El legislador enfatizó que esta medida no tiene como fin obstaculizar el combate a la delincuencia organizada, sino asegurar que el ejercicio del poder del Estado cuente con contrapesos institucionales que protejan los derechos fundamentales de los contribuyentes y ahorradores en México.
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