El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció el inicio de una estrategia jurídica para solicitar la pérdida de registro de Morena, bajo el argumento de una presunta colusión sistémica entre el partido oficialista y agrupaciones del narcotráfico. La dirigencia priista sostiene que existe una red institucional que otorga impunidad a grupos criminales, señalando directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La maniobra legal se fundamenta en la figura de «repetición sistemática de hechos graves», contemplada en la legislación electoral mexicana. Para que este recurso prospere, el PRI deberá presentar resoluciones judiciales firmes que demuestren el flujo de financiamiento ilícito o la existencia de coerción criminal estructurada desde el aparato del partido en el poder.
Argumentos y comparativas legales
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, comparó la situación con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad sentenciado en Estados Unidos. Moreno cuestionó que el Gobierno Federal valide las sentencias de cortes extranjeras contra exfuncionarios de otras administraciones, pero omita investigar señalamientos similares cuando estos involucran a integrantes de Morena.
Estándar probatorio y viabilidad
De acuerdo con la ley electoral, el desmantelamiento de una organización política requiere un estándar probatorio riguroso. En este sentido, las acusaciones sobre el presunto secuestro de más de mil operadores políticos deberán ser formalizadas ante el Ministerio Público y la fiscalía especializada.
Hasta el momento, la viabilidad de esta exigencia depende de la judicialización de las denuncias y la presentación formal de evidencias ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin la entrega de pruebas documentales y testimoniales que integren expedientes legales, la solicitud se mantendrá exclusivamente en el ámbito del debate mediático y la confrontación discursiva entre las fuerzas políticas.
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