La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que cualquier señalamiento judicial, incluidos los del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe contar con pruebas contundentes para poseer validez jurídica en el país. Durante su conferencia de prensa, la mandataria afirmó que el sistema penal mexicano no puede proceder basándose únicamente en testimonios o relatos sin sustento documental.
Al ser consultada sobre las acusaciones que vinculan al mandatario estatal y a otras nueve personas con procesos en el extranjero, Sheinbaum subrayó la necesidad de evidencias sólidas. «Frente a una acusación, cualquiera que sea, tiene que haber pruebas contundentes. Hay que solicitar las pruebas», declaró.
Análisis de la documentación internacional
La titular del Ejecutivo Federal confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió documentos sobre solicitudes de detención con fines de extradición. No obstante, cuestionó el contenido de un expediente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, señalando que la evidencia presentada resulta insuficiente bajo los criterios de la legislación mexicana.
La presidenta ejemplificó la debilidad que percibe en el expediente mencionando una referencia a supuestos sobornos: «Es de llamar la atención… este es el único documento que en este escrito lo ponen como prueba. Juanito, 30 mil pesos», expuso. Reiteró que, si bien su administración no protegerá a ninguna persona, los procesos deben ajustarse estrictamente al derecho.
Soberanía y procedimiento legal
Sheinbaum vinculó la importancia de la evidencia verificable con la defensa de la soberanía nacional, advirtiendo que no se permitirá que gobiernos extranjeros decidan asuntos internos de México. «Nosotros nos tenemos que ceñir por la ley, por la Constitución, pero siempre bajo la legislación mexicana», puntualizó.
El procedimiento institucional establece que la SRE debe remitir la documentación a la Fiscalía General de la República (FGR). Esta instancia será la encargada de realizar la investigación correspondiente y emitir una opinión técnica antes de determinar responsabilidades o dar curso a las solicitudes de extradición internacionales.
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