Agencias de inteligencia y procuración de justicia de los Estados Unidos evalúan la aplicación de sanciones administrativas y la revocación de la visa del diputado federal Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). La medida responde a presuntas irregularidades financieras detectadas en Nevada y a reportes sobre la operación de miembros del Cártel de Sinaloa utilizando la indumentaria del sindicato en el estado de Durango.
La investigación de la DEA se originó tras la captura, en diciembre de 2025, de Edgar «N», alias «El Limones», operador de la facción Los Cabrera. Según los expedientes, este sujeto coordinaba extorsiones a transportistas en la Comarca Lagunera portando uniformes de la CATEM, lo que proporcionó evidencia sobre la cooptación de franquicias locales por el crimen organizado.
Auditorías logísticas y financieras
La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) inició una auditoría a los formularios OP-1(MX) de las empresas de transporte afiliadas a la central obrera. Este proceso busca detectar anomalías que vinculen las redes logísticas sindicales con actores ilícitos, lo que pone en riesgo el ingreso comercial de dichas unidades a territorio estadounidense.
En el ámbito financiero, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) monitorea el flujo de capitales entre las cuentas sindicales y las corporaciones Don Bull Productions, registrada en Nevada, y Simón Casas Apoderamiento, con sede en Madrid. El rastreo se concentra en la omisión patrimonial y el uso de Reportes de Actividades Sospechosas (SARs) para identificar posibles irregularidades.
Mecanismos de contención migratoria
El Departamento de Estado proyecta aplicar la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) como instrumento de contención. Bajo este estándar de discrecionalidad consular, que no requiere sentencias penales previas, la administración estadounidense ha cancelado los documentos migratorios de más de cien políticos mexicanos durante el primer cuatrimestre de 2026.
Adicionalmente, los expedientes documentan pagos a la firma europea Eliminalia para la supresión de más de 300 artículos periodísticos entre 2019 y 2020. Dichos textos registraban antecedentes penales del legislador por robo calificado y portación de armas, lo que ha incrementado su perfil de riesgo ante las autoridades norteamericanas por presunto encubrimiento sistemático.
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